Balda insiste en que general colaboró para secuestrarlo
El activista político dice que ha enviado toda la información al presidente Iván Duque.
El activista político Fernando Balda insistió este lunes 22 de junio que el general colombiano José Luis Vargas colaboró con el régimen de Rafael Correa para secuestrarlo en 2012, y confirmó que ha enviado toda la información "al presidente Iván Duque" para evitar un futuro ascenso del alto mando.
En declaraciones a la prensa poco antes de que diera inicio en Quito el juicio contra el exjefe de Inteligencia Pablo Romero, acusado de orquestar el secuestro en Colombia, Balda aseguró que el mando colombiano se incriminó en una entrevista a un medio de ese país al reconocer unas comunicaciones con el asesor del expresidente Correa, también acusado en el caso.
"El general Vargas no puede negar su participación en los hechos delictivos de los que fui víctima en Colombia", subrayó el activista antes de entrar al tribunal en el centro-norte de Quito.
En declaraciones al diario El Tiempo, Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía y uno de los oficiales más experimentados en Colombia en cuestiones de Inteligencia, negó el sábado último cualquier implicación en los hechos que son juzgados en Quito, y afirmó que nunca se reunió con el asesor de Seguridad de Correa, Rommy Vallejo.
Pero en su comparecencia, Balda presentó presuntas comunicaciones y pruebas de la relación entre el organismo que dirigía Vargas y sus pares en Ecuador cuando se produjo su secuestro.
El secuestro se produjo en 2012 pero al cabo de 90 minutos fue frustrado por la Policía colombiana a raíz de las llamadas de unos taxistas.
- Un caso por fases -
El juicio por el secuestro de Balda se está llevando a trompicones por las obstaculizaciones judiciales al proceso, su politización, los intereses creados a su alrededor y la permanencia en el extranjero de acusados.
Hace unos años fue juzgado en Colombia, donde seis civiles fueron condenados a prisión como autores materiales, y están ahora en libertad.
Pero su reapertura en Ecuador solo se dio tras la salida del poder de Correa en 2017, y la firma de un acuerdo de cooperación eficaz en 2018 de dos agentes participantes, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, condenados después a 21 meses de prisión.
Gracias a su testimonio también fueron procesados Romero, el exjefe de la inteligencia ecuatoriana que se encontraba prófugo en España y fue extraditado este año, además de Correa, aún en Bélgica.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, dijo antes de la audiencia que lo importante del testimonio de Vargas es que vincula a Correa, un juicio que tendrá que esperar hasta que regrese o sea extraditado.
En el proceso se han presentado como pruebas de cargo unos cheques de la inteligencia ecuatoriana utilizados para pagar supuestamente el secuestro, aunque el abogado defensor, Stalin Oviedo, sostuvo que son de la Dirección General de Inteligencia (DGI), organismo "que tenía fondos públicos asignados cada trimestre".