Reconteo de votos costará 1,5 millones de dólares más
El CNE revisará un padrón de seis millones de electores.
El recuento de votos en 17 provincias para verificar cuál candidato presidencial irá a balotaje con Andrés Arauz, de la alianza Unes, comenzará probablemente el martes y tardará unos quince días.
Así lo aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien aspira a que la resolución que dé paso al recuento de votos, acordado por Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) que pujan por llegar a la segunda vuelta, se concrete este domingo.
Atamaint hizo el anuncio tras recibir este sábado las denuncias de Pérez. La presidenta del CNE receptó las "pruebas" del aspirante a presidente como se estableció en el acuerdo sellado este viernes, cuando ambos candidatos resolvieron aceptar un recuento de la mitad de los votos en 16 provincias y del total en la de Guayas.
Los documentos con la denuncias de supuestas irregularidades presentadas por Pérez a Atamaint permitirán levantar un "informe técnico jurídico" que, a su vez, facilitará al pleno del CNE emitir una resolución legal para dar paso al recuento de votos, según explicó la presidenta del organismo electoral.
Asimismo, Atamaint indicó que ha dispuesto a las áreas técnicas del CNE que empiecen a elaborar un "plan operativo especial para esta actividad que no estuvo planificada" en el calendario de organización de los comicios presidenciales y legislativos.
También el CNE debe suscribir con el Instituto Geográfico Militar (IGM) un "adéndum" al convenio para la elaboración del material electoral, que incluya las nuevas actas para el registro del proceso de recuento de votos.
Seguramente, dijo Atamaint, al ser un volumen considerable de nuevas actas de escrutinio, se recibirán lotes para ser distribuidos a cada una de las delegaciones del CNE en las provincias cuyas votaciones serán revisadas.
El acuerdo entre Yaku y Lasso involucra el recuento a la mitad de la votación en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena; y en la totalidad de Guayas.
El primer paso del CNE será dejar claro el sustento jurídico del recuento de votos, para que "no quede tela de duda" sobre el resultado final del proceso, añadió Atamaint al enfatizar en que el objetivo del Consejo es dar muestra de "garantía y transparencia" de la votación.
Asimismo, dijo que el equipo del CNE trabaja en "operativizar" el proceso de recuento de votos, pues se trata de 22.810 juntas de recepción de votos (JRV), que supone un padrón de seis millones de electores, y cuyo costo asciende a 1,5 millones de dólares.
El trabajo -dijo- seguramente va a demandar "24 horas al día, siete días a la semana", por lo que las organizaciones políticas deben organizar sus veedurías del proceso, que será vigilado también por observadores internacionales.
"Ya se ha avanzado en el manual o instructivo del reconteo de votos" que dispone el CNE y que será puesto a consideración de los dos aspirantes, quienes podrían sugerir mejoras, añadió.
El objetivo, dijo la presidenta del CNE, es que el proceso de recuento de votos finalice en el menor tiempo posible, antes de la fecha de arranque de la segunda vuelta de las votaciones que se dará el próximo 11 de abril.
Si todo marcha según lo planeado, el recuento se podría iniciar el lunes o martes, pues se intenta tener todo bien coordinado "para que no quede nada de duda", añadió Atamaint que aspira a que en Guayas el proceso concluya en quince días, mientras que en las otras provincias dentro de ese plazo o incluso antes.
En otro tema, Atamaint descartó que los militares se hayan retirado de la cadena de custodia de las urnas de votación, como denunció hoy mismo el candidato indígena.
Pérez dijo que ha recibido informaciones que alertaban de un posible abandono de la custodia que realiza el Ejército de las bodegas del CNE donde se han acopiado las urnas.
Atamaint aseguró que el CNE tiene un convenio suscrito con las Fuerzas Armadas y la Policía para que se garantice la custodia de los votos hasta que las nuevas autoridades elegidas por la población tomen posesión de sus cargos en mayo próximo.
Cualquier información que haya surgido en el sentido de que la custodia de los votos ha sido vulnerada "es absolutamente falso", remarcó la presidenta del CNE.