Código Penal endurece las sanciones por la adulteración de celulares
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Código Penal endurece las sanciones por la adulteración de celulares.
Tener dispositivos que permiten estas manipulaciones puede ser castigado con hasta 3 años de cárcel.
El robo de teléfonos celulares es uno de los delitos más comunes en el país y la ley anterior ya lo castigaba. Pero antes de ser vendido de nuevo, el equipo robado pasa por varias manos y previamente la normativa no dejaba claro lo que sucedía con las personas que realizaban esta actividad.
En el nuevo Código Integral Penal se sanciona con 1 a 3 años de prisión a quienes comentan estos nuevos delitos.
Nos referimos a las personas que reprogramen o modifiquen la identificación de celulares; intercambien bases de datos con esa misma información, cambien o reemplacen las etiquetas de fabricación, comercialicen celulares manipulados, y a quienes posean equipos, programas, o hasta etiquetas que permitan hacer dicho proceso.
Para que quede claro: el IMEI es un código que todos los celulares tienen, y es único: no hay dos teléfonos en todo el mundo con el mismo código.
No sólo está impreso en las etiquetas del teléfono, también está programado en la memoria del dispositivo.
Pero el IMEI no es lo único que se puede modificar en un celular.
Por ejemplo, en la bahía de Guayaquil, se puede reprogramar un teléfono si deja de funcionar. Pedro ofrece estos servicios y aceptó hablar con nosotros si no revelábamos su real identidad. Nos dice que para su trabajo sólo necesita una computadora, el software correcto, y unos dispositivos que ellos llaman "cajas".
Como él, hay decenas personas. Pedro cree que lo que hace no es ilegal, pero le preocupa que se lo involucre, sobre todo por los equipos que usa.
La Superintendencia de Telecomunicaciones señala que lo que se busca es detener la cadena relacionada con el robo de celulares. Aclara también que sólo con implementar el registro de teléfonos móviles en el país, ya hay logros.
En el 2013 eran 2.400 celulares los robados a diario, ahora esa cifra se ha reducido a mil por día.
La ley sí hace una excepción clara: no es un delito abrir las bandas, es decir reprogramar un teléfono para que funcione con todas las operadoras del país.
