La normativa es parte de las exigencias del FMI para entregar recursos al Ecuador.
La Asamblea Nacional concluye este martes 15 de diciembre de 2020 la discusión de la Ley Anticorrupción, norma que tipifica nuevos delitos, pero sobre todo es un requisito del Fondo Monetario Internacional para desembolsar recursos.
La propuesta contempla nuevos delitos como la obstrucción de la justicia, la evasión en procedimientos de contratación pública, sobreprecios y actos de corrupción en el sector privado.
El proyecto de normativa incluye la necesidad del informe previo de la Contraloría para las contrataciones estatales y la pérdida de derechos políticos a los sentenciados por corrupción.
Estos y otros temas generaron optimismo entre varios legisladores.
Otra norma obliga a que no haya prelibertad ni reducción de penas para los sentenciados por corrupción.
Desde el correísmo, la preocupación es que existen casos de delitos que se sancionan con hasta de 10 años de prisión, pero se llega hasta 25 años de pérdida de los derechos políticos, lo que sería una desproporción.
Si bien el apoyo a la ley fue mayoritario, la principal crítica radicó en que, por el debate de esta norma para cumplir el requerimiento del FMI, se dejó de lado la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.
Hasta la publicación de esta nota, el Parlamento aún debate la norma antes de su votación definitiva.