La comisión que investigó al parlamentario aseguró que él incumplió sus funciones.
Censura pública y destitución para Eliseo Azuero fueron las recomendaciones de la comisión multipartidista que investigaba al legislador.
Más demoró la lectura del informe que las comparecencias en esta mesa legislativa. A pesar de que no llegaron muchos de los supuestos testigos, se basaron sobre todo en documentos y versiones públicas ante la Fiscalía.
José Serrano, presidente de la comisión que investigó a Azuero, dio a conocer una de las conclusiones: “Que existe una infracción a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionada al tráfico de influencias por parte del asambleísta Eliseo Azuero”.
Serrano hizo una recomendación para “censura y destitución del asambleísta Eliseo Azuero”. Lo apoyaron los otros dos integrantes de la mesa legislativa: Liliana Durán, del correísmo, y Franco Romero, del BADI, bancada de Azuero.
Según la comisión, Azuero gestionó cargos y recursos del presupuesto del Estado, algo prohibido para legisladores. Sin embargo, no se presentó ante la comisión personalmente. Los miembros lo declararon en rebeldía y él aseguraba que era su derecho al silencio.
El parlamentario presentó por escrito algunos alegatos, pero en las conclusiones de la comisión dicen que se ha probado que "era quien lideraba la compra de conciencias de otros asambleístas a cambio de votos para salvar de enjuiciamientos políticos".
Azuero tendrá una nueva oportunidad de defenderse ante el Pleno, si acude a la sesión en la que se trate su posible destitución. Sin embargo, el legislador se encuentra prófugo.