Contraloría ha emitido 2 exámenes con responsabilidades penales durante emergencia
-
Fachada de la Contraloría General del Estado en Guayaquil. Foto: Flickr El Ciudadano
Organismo de control investiga sobreprecios en hospitales y gobiernos seccionales.
La vigilancia de la ciudadanía ha sido clave para descubrir una serie de adquisiciones y compras con sobreprecio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La Contraloría, hasta el momento, ha abierto 52 exámenes especiales en distintas instituciones. De las investigaciones, se han desprendido 2 exámenes con indicios de responsabilidad penal: el primero apunta a varios funcionarios del IESS por la compra de mascarillas y otros insumos con sobreprecios; y el segundo se trata de la compra de kits de alimentación por el Servicio de Gestión de Riesgos.
Según el contralor general del Estado, Pablo Celi, los sobreprecios eran evidentes.
La Contraloría hace exámenes especiales en hospitales de 8 provincias. Son 16 las auditorías en casas de salud del Ministerio del ramo; 11 a hospitales del IESS y una en el hospital de la Policía en Guayaquil. Los casos son los mismos: compras de insumos con sobreprecios.
El ex coordinador de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, dijo que uno de los problemas fue la entrega del control de los hospitales por cuotas políticas, especialmente los del IESS.
La Contraloría también hace auditorías a 3 Prefecturas y 14 Municipios, 3 entidades cantonales, un Cuerpo de Bomberos y una Junta Parroquial.
En estos casos se investiga la compra de insumos con sobreprecios, pero también la contratación de obras como construcción de canchas y puentes o la compra de vehículos.
VIDEO: Contralor revela sobreprecios de hasta 9.000% en compras públicas de insumos médicos
En el gobierno central, además del Servicio de Gestión de Riesgos también se investiga al Registro Civil, entidad en la que se indagan denuncias sobre irregularidades en la emisión de partidas de defunción.
Para mejorar los sistemas de control, el contralor Celi sugirió que se tramite una reforma legal para devolver a la Contraloría y a la Procuraduría el control previo; es decir, que audite los procesos antes de que se firmen los contratos.
