En el apartado de fallecimientos por la enfermedad, la cifra sumó 102 casos.
Ecuador registra hasta este sábado 140.351 casos positivos por la COVID-19, 817 nuevos en las últimas 24 horas, y 11.597 fallecidos, entre confirmados y probables por la enfermedad, indicó el Ministerio de Salud Pública en su parte oficial diario.
En el apartado de fallecimientos por la enfermedad, la cifra sumó 102 casos en el último día y se reparte entre 7.742 confirmados y 3.855 fallecidos probables por el virus de la COVID-19.
Según el reporte del Ministerio -que recoge datos desde el 29 de febrero, mes en el que se registró el primer caso de coronavirus en el país-, la cifra de recuperados de la enfermedad se mantiene en 112.296 casos, mientras que los pacientes que han recibido el alta hospitalaria suman 19.115.
De acuerdo con la distribución de casos por provincias, la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que acumula el mayor nivel de contagio con 41.713, 355 nuevos.
Le siguen las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 20.482 casos, Manabí con 9.903, Azuay (9.179), El Oro (5.635), Loja (5.624), Santo Domingo de los Tsáchilas (4.947) y Tungurahua (4.742), entre las más afectadas.
En cuanto a los municipios con mayor nivel de contagio, se encuentran Quito con 38.245 casos, Guayaquil con 14.044, Cuenca (7.337), Loja (4.344) y Santo Domingo (4.166).
Según el Ministerio, se han descartado 232.463 casos, mientras que 981 personas están hospitalizadas, 366 de ellas con pronóstico reservado.
Ecuador aplicó el pasado 16 de marzo un estado de excepción en todo el territorio nacional para afrontar la expansión de la pandemia, que en los primeros meses incluyó un proceso de cuarentena y un estricto confinamiento masivo.
Tras su finalización el 14 de septiembre, el Gobierno nacional pidió "corresponsabilidad" a la población y el acatamiento de medidas tales como el lavado habitual de manos, el distanciamiento físico de al menos dos metros y el uso permanente de mascarillas.
Desde entonces Ecuador se encuentra en una nueva situación en la lucha contra la COVID-19, en la que se apela a la responsabilidad ciudadana, mientras que la imposición de las restricciones recae en los Gobiernos locales.