La última intervención por este tema fue en el cantón Ponce Enríquez.
El Ministerio de Gobierno creó un grupo especial de lucha contra la minería ilegal, que será movil. Las autoridades buscan que el material aurífero decomisado en campamentos irregulares, pueda ser destruido o procesado en el menor tiempo posible.
La última intervención por este tema fue en el cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. En esta localidad se constató que entre 50 y 100 sacos salían de sus túneles llenos de material aurífero. Se trata de la produccion de las minas ilegales que descubrieron durante un operativo militar.
En esta intervención las autoridades decomisaron media tonelada de explosivos y clausuraron 5 campamentos que no tenían permisos para operar.
Los controles por la minería ilegal se han reforzado luego de que el pasado 31 de agosto, en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, las autoridades desarticularon 27 grupos dedicados a esta actividad, por lo que del sitio fueron desalojadas 6.000 personas.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que además se busca definir procedimientos sobre qué hacer con lo confiscado.
La minería ilegal es uno de los temas que se incluyeron en las reformas al Código Integral Penal, que serían aprobadas la próxima semana, pero en los artículos no se habla sobre el destino final de lo decomisado.
Mientras, el grupo especial de la policia contra la mineria ilícita estará liderado por dos coroneles, quienes con la información obtenida por investigadores podrán ejecutar nuevos operativos.