La CIDH condena masacre que dejó 116 muertos en Penitenciaría de Guayaquil
En lo que va del año en Ecuador más de 200 personas han fallecido como resultado de la violencia en las cárceles.
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Familiares de reclusos esperan noticias fuera de la penitenciaría Litoral luego de un motín, en Guayaquil, Ecuador, el martes 28 de septiembre de 2021. (AP Foto/Angel DeJesus)( )
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles los hechos de violencia en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, que causaron 116 muertos y más de 80 heridos, y pidió a ese país que investigue lo sucedido.
La CIDH advirtió en su cuenta de Twitter que en lo que va del año en Ecuador "más de 200 personas" han fallecido como resultado de la violencia en las penitenciarías. En ese contexto, instó al Estado ecuatoriano a "investigar de oficio y con debida diligencia los hechos".
Además, pidió "implementar acciones para evitar la repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales" dentro de estos centros.
"Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas bajo su custodia", puntualizó el organismo con sede en Washington en un hilo de trinos.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador informó este miércoles en Twitter que "hasta el momento" se confirman "más de 100" personas privadas de la libertad fallecidas y 80 heridos durante los incidentes ocurridos este martes.
A raíz de esos hechos, el presidente Guillermo Lasso, declaró un estado de excepción "por grave conmoción interna" en todo el sistema penitenciario de su país durante un plazo de 60 días.
El estado de excepción busca "precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria", así como los de los guías penitenciarios y de los efectivos policiales, según el decreto ejecutivo.
Igualmente dispone que los organismos de la administración publica, especialmente el SNAI, las Fuerzas Armadas y la Policía, coordinen y ejecuten acciones para restablecer el orden y prevenir nuevos hechos de violencia en las cárceles.
