El Municipio de Quito no se pronunciará sobre este tema por el momento.
La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de las pruebas de COVID-19 adquiridas por el Municipio de Quito. El informe ya está la Fiscalía, que investiga el posible delito de peculado.
Se trata de la compra de las 100 mil pruebas PCR para detectar la COVID-19. El informe concluye que existieron varias irregularidades cometidas por la Secretaría de Salud del cabildo, en ese momento encabezada por Lenín Mantilla, quien está prófugo.
La Contraloría determinó que no existen los sustentos para haber firmado el contrato de compra por 3,7 millones de dólares.
Además, se encontró que el 13 de abril fue aprobado el inicio del proceso, pero ese mismo día se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad recomendando la contratación de SALUMED, todo sin considerar las ofertas de otros proveedores.
La Contraloría estableció que el proceso de compra se abrió sin plan de contingencia, sin objetivos ni sustentos técnicos. Tanto que en las especificaciones técnicas se sugirió la compra de 200 mil pruebas, pero el proceso se adecuó a la oferta de SALUMED que era para proveer la mitad de esa cantidad, todo sin considerar las ofertas de otros proveedores ni los precios internacionales.
Por tratarse de un informe que pasa directo a la Fiscalía, el Municipio de Quito anunció que no habrá un pronunciamiento sobre su contenido hasta que sean notificados oficialmente sobre las indagaciones que se desprendan de ese documento.