Arranca en España el histórico juicio a líderes separatistas catalanes

El Tribunal Supremo abrió este martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar unas elecciones anticipadas.

 

En la majestuosa sala de audiencias, en Madrid, los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces.

 

Lea: Independentistas catalanes divididos en aniversario del referéndum

 

 

En esta primera sesión, los abogados de los acusados denunciaron supuestas vulneraciones procesales y presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.

 

"La causa atenta contra la disidencia política", afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, contra el que la fiscalía pide 25 años de cárcel.

 

"Hagan de jueces y no de salvadores de la patria", conminó al tribunal otro de los letrados, Jordi Pina.

 

El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.

 

El principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, es el gran ausente del juicio. 

 

Lea: Hombre fue abatido en ataque "terrorista" en Cataluña

 

 

"Vamos a poder desenmascarar la cosntrucción artificial de una causa política", que va a ser "también un test de estrés para la democracia española", aseveró el ex mandatario desde Berlín.

 

Aparte de Junqueras, para los otros once acusados el ministerio público solicita entre 7 y 17 años de cárcel.

 

Entre ellos se encuentran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables en el momento de los hechos de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.

 

En total, nueve están acusados de rebelión -con el agravante de malversación de fondos públicos para seis de ellos- y se encuentran en prisión preventiva.

 

Los separatistas, que no han dejado de calificar de "farsa" el proceso, se manifestarán a las 19H00 (18H00 GMT) en Barcelona, la capital de Cataluña, región donde activistas radicales cortaron temporalmente la mañana del martes varias carreteras.

 

"Lo que haremos es utilizar este juicio como una herramienta de denuncia internacional, que refuerce nuestra causa por la autodeterminación y la independencia de Cataluña", prometió la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

 

- La violencia, concepto clave -

 

Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.

 

Una cuestión clave del juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.

 

La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo del 1 de octubre de 2017 "siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".

 

Los independentistas, que piden la absolución de los acusados, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.

 

Los juristas están divididos en cuanto a si hubo violencia o no, hasta el punto de que los abogados del Estado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión de hasta 12 años, menores que en el caso de la rebelión.

 

- ¿Elecciones a la vista? -

 

Coincidiendo con el inicio del juicio, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento español, defendía este martes su proyecto de Presupuestos del Estado para 2019.

 

Sánchez, en el poder desde hace ocho meses, apostó por esos presupuestos para mantener en pie su gobierno y agotar la legislatura a mitad de 2020.

 

Pero se ha topado con la negativa de los partidos independentistas catalanes, que le han venido exigiendo negociar el derecho de autodeterminación, una línea roja para Madrid.

 

"Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie", dijo en ese sentido María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, en la tribuna de la cámara. 

 

A la presión de los separatistas sobre el gobierno de Sánchez se añade la de la oposición de derecha, que el domingo sacó a decenas de miles de personas en Madrid para acusarlo de "traidor" por dialogar con los independentistas. 

 

El juicio brindará por cierto una tribuna política al partido ultraderechista Vox, que gracias a una particularidad del sistema jurídico español, podrá ejercer la acusación popular.