ONU pide a México sanciones por 'caso Ayotzinapa'
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Según una hipótesis
A través del informe "Doble injusticia" se precisa que han sido detenidas 129 personas.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves 15 de marzo del 2018, al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
La oficina del Alto Comisionado en México presentó el informe "Doble injusticia", que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo.
El documento precisa que han sido detenidas y procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró "fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos".
La noche del 26 de septiembre del 2014, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías locales.
Según la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cartel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.
"En todos los casos analizados, los individuos (detenidos) presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura", añade el informe.
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Los involucrados en estos abusos serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la Marina.
El informe subraya además que las autoridades han dado explicaciones "improbables y fácilmente refutables" sobre las lesiones, como alegar estado de ebriedad, autogolpes o caídas.
En sus recomendaciones, el Alto Comisionado llama a la fiscalía general a investigar e identificar a los responsables, y a sus superiores jerárquicos, de estas violaciones a los derechos humanos y llevarlos ante la justicia.
