Según la demanda el Código dificulta el juzgamiento y sanción de delitos de violencia intrafamiliar.
La violencia física y psicológica contra la mujer y la familia está tipificada como "delito" en el Código Integral Penal. Por ello, colectivos de mujeres presentaron una demanda de inconstitucionalidad al COIP, asegurando que la nueva normativa "dificulta el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual".
La violencia contra las mujeres y la familia pasó de ser una contravención a un delito con la vigencia del nuevo Código, lo que implica que este tipo de agresión puede ser sancionada hasta con 3 y 9 años de prisión respectivamente.
“En este momento sí se pueden pedir medidas cautelares, sí se pueden pedir este tipo de protección como las boletas, pero si es que es un caso que está enmarcado ya en el delito, los jueces van a abstenerse de conocer el caso y lo van a mandar a la Fiscalía, en cuyo caso una medida cautelar es mucho más larga y mucho más complicada”, explica la exasambleísta María Paula Romo.
Esto preocupa a los grupos defensores de los derechos de las mujeres. Licy Erns del colectivo Nosotras, expone que podría complicar las denuncias y las acciones contra la violencia ya que el tramite será más largo: “Esta el proceso de investigación cuando se trate de delitos, el proceso de instrucción, la evaluación y preparación del juicio y el juicio mismo, y esto realmente en el tiempo es una cuestión que demora. El tema de violencia intrafamiliar requiere celeridad, requiere una acción oportua, requiere que realmente la mujer tenga la posibilidad de una respuesta rápida por parte de la justicia”.
Los colectivos que presentaron la demanda de inconstitucionalidad señalan que la norma contradice a al art. 81 de la Constitución que establece: “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual”.
“No queremos que las mujeres se demoren para que le den una medida cautelar, una medida de protección, no queremos que las mujeres tengan que acudir a otras cosas o digan 'yo ya no quiero ir a la justicia, porque la justicia no tiene en cuenta lo que me está pasando a mí'”.
El pedido puntual es que se revise la ley para incluir un procedimiento más rápido, que garantice la atención oportuna a las víctimas de maltrato.