Empresas allanadas en Quito serían parte de una trama de proveedores a hospitales de todo el país

Varias de las empresas que fueron allanadas en Quito serían parte de uno de los principales grupos de provisión de insumos y medicinas para los hospitales públicos del país. Son cientos de millones de dólares los que anualmente se destinan a compras de insumos médicos, pero que van a pocos proveedores.

Policías y fiscales entraron a las oficinas de Zoldan Corporeishon para incautar pruebas de posibles irregularidades en la provisión de insumos y medicinas a los hospitales públicos. Minutos después, hacían lo mismo en Z&U Medic.

La sospecha es que estas empresas administradas por Mónica Zoldan y Laura Ulici son la punta de una cadena de proveedores. Ambas firmas intervenidas están en liquidación, pero aparecen vinculadas desde el 2009 con ventas a hospitales, especialmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En su contabilidad del 2018, Zoldan Corporeishon da cuenta de utilidades brutas por más de 10 millones de dólares y pagos de comisiones que no fueron justificadas por 950 mil dólares. 

Los informes internos de esa firma descubren su relación con otros proveedores, el principal de ellos es Javier Andrade Lara, quien únicamente desde el 2018 ha suscrito 95 contratos por más de 30 millones de dólares con varios hospitales, siendo su principal cliente el IESS.

Destaca también Horea Chirculescu, exdirector logístico de Zoldan, quien firmó 22 contratos por 9,1 millones y Karina Ayala Tobar, quien vendió insumos por otros 6 millones.

Todos conformarían la columna vertebral del grupo que con otros provedores colocaron a través de compras públicas un total de 53,2 millones de dólares.

Pero no solo usan ese sistema, también aprovecharon el cuestionado mecanismo de convenios de pago, que sirve para evadir el sistema de compras públicas. Si solo tomamos en cuenta los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, de Guayaquil, en el 2018 vendieron medicinas e insumos por 21,1 millones de dólares. un ejemplo es el de Karina Ayala, quien desde una casa ubicada en un populoso sector del norte de Quito, entregó productos por más de 6 millones a esas casas de salud. 

Durante la emergencia sanitaria, su actividad se aceleró. A los proveedores de este grupo se les compró insumos por 3,8 millones de dólares, incluyendo fundas para cadáveres que a la Dirección de Salud de Salitre, Horea Chirculescu las vendió a 125 dólares cada una. Si sumamos todas las compras hechas a través de estos tres sistemas, desde el 2018, ellos comercializaron un total de 78,2 millones de dólares.

Con los últimos allanamientos, las autoridades intentan determinar el alcance que tenía este grupo de proveedores, que es el más grande del país.