Más de 40 mil personas en las cárceles de Ecuador

La situación carcelaria del país sigue preocupando a las autoridades. Más allá de cifras alarmantes, hay una realidad cada vez más visible que se conoció este 24 de abril de 2019 en la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde Ernesto Pazmiño, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, reveló impactantes estadísticas sobre el número de personas privadas de la libertad ( PPL) en Ecuador y el estado de los centros de rehabilitación social.

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Según informó el funcionario, la población carcelaria llega a las 40.096 personas privadas de libertad (PPL). De estas, casi 25 mil tiene sentencia.

Detalló que casi 12 mil ciudadanos están detenidos por delitos de drogas (narcotráfico, microtráfico, consumidores). "Hay que perseguir los delitos graves y a los peces gordos; los dispositivos electrónicos de seguridad son elementos idóneos para controlar a personas que han incurrido en delitos pequeños, que no constituyen riesgo de fuga".

En tanto que el hacinamiento carcelario está en el orden del 40%. De allí que anunció que solicitará al presidente de la República, Lenín Moreno, que declare al sector en estado de emergencia, a fin de implementar acciones urgentes.

Pazmiño habló de la necesidad de regular y cambiar el abuso de la prisión preventiva por medidas alternativas, especialmente para delitos considerados pequeños (robo o hurto sin violencia), tomando en cuenta que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha llamado la atención al Ecuador por esta temática, a lo que se suma la no designación de jueces de garantías penitenciarias, hasta la fecha.

No es a la única institución a la que le preocupa esta problemática. En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo calificó de "insostenible" la situación del sistema de rehabilitación social en el país, principalmente en los tres centros regionales: Turi, Cotopaxi y Guayas, que registran sobrepoblación. En ese entonces, su extitular Gina Benavides pidió al Estado que se declare la emergencia.

La Defensoría también reveló que hasta esa fecha se registraban 19 fallecimientos entre 2018 y 2019. Incluso, una serie de reportajes de Televistazo mostró la realidad en los centros de rehabilitación social, como el hacinamiento de las PPL detenidas por apremio (no pago de pensiones alimenticias), quienes comparten celda con sentenciados de alta peligrosidad.