El presupuesto será debatido este miércoles 27 de noviembre en el Pleno de la Asamblea.
La proforma presupuestaria para el 2020, que reconoce un déficit fiscal de más de 3.300 millones de dólares, se debatirá este miércoles 27 de noviembre en el Pleno de la Asamblea. El texto fue analizado durante dos semanas por la Comisión de Desarrollo Económico y este miércoles pasará por un único debate.
Algunos analistas económicos señalan que tal cifra puede significar que el Gobierno busque más recursos ya que no bastaría con los impuestos.
Otros cuestionan que el presupuesto haya incluido ingresos por concesiones de varios activos del Estado cuyos balances ni siquiera han sido auditados o actualizados.
La Comisión pide al Ejecutivo que revise la clasificación de los ingresos por 2.000 millones de dólares esperados por los procesos de monetización de activos de Estado, en cuanto a su condición de permanentes y no permanentes. Además, que justifique los tiempos esperados para su implementación.
Al mismo tiempo, le exhorta que presente un plan de contingencia respecto de la previsión establecida, con relación al riesgo de concreción de los ingresos esperados por dicha monetización, a los saldos disponibles por créditos no ejecutados en 2019 (2.267 millones de dólares) y la volatilidad del precio del petróleo. En la pro forma se estima el precio promedio del crudo en 51,30 dólares.
En cuanto a la disminución de los ingresos tributarios, que en 2020 se proyecta sean de 14.323 millones de dólares, que representa un decrecimiento del 5,95 % del presupuesto codificado a septiembre de 2019, la Comisión sugiere que el organismo competente desarrolle estrategias destinadas a reducir la evasión, elusión y contrabando para mejorar la recaudación de tributos.
A fin de proteger derechos, la Comisión recomienda garantizar los recursos necesarios para que la Defensoría del Pueblo pueda cumplir con sus atribuciones; para la ejecución de los servicios previstos en la Ley de Violencia contra la Mujer y para que los organismos de control puedan cumplir a cabalidad con sus funciones.
También demanda que se informe sobre el pago de incentivos jubilares y que la inversión en educación contemple la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa, sobre todo en el sector rural. En esta misma área, para las universidades y escuelas politécnicas, indica que es necesario realizar la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad y apoyarles con acceso a créditos.
En salud, la Comisión sugiere que el Ministerio del ramo atienda todas las obligaciones que le correspondan y destine los recursos necesarios para el tratamiento de adicciones y la atención a la salud mental. Además, que se implementen mecanismos para que se transfiera de manera automática los fondos correspondientes a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados solicita que las transferencias sean oportunas y que se fortalezca la producción agrícola.
En otras recomendaciones, el informe señala que la Comisión hace notar la elevación del egreso en algunos gastos no permanentes, por lo que recomienda hacer una priorización y racionalización de los gastos. Asimismo, que la metodología para elaborar la proforma debe considerar proyecciones más precisas, puesto que se ha evidenciado una importante diferencia entre el presupuesto aprobado, el codificado y el ejecutado.
El Pleno tiene plazo hasta el 30 de noviembre próximo para aprobar u observar la pro forma, en un solo debate y con la mayoría absoluta.
En caso de aprobarse, el Ejecutivo, en el plazo de 10 días, podrá aceptar las observaciones y enviar una nueva propuesta, o ratificarse en su planteamiento original. Posteriormente, la Asamblea, en los 10 días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, con el voto de dos tercios de sus integrantes.
La proforma presupuestaria 2020 alcanzará los 35.498 millones de dólares, incluyendo la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).
Se prevé ingresos por 22.516 millones de dólares, de los cuales 19.823 serán permanentes y 2.692 millones no permanentes. En cambio, estima gastos por 25.900 millones de dólares, 18.443 millones para partidas permanentes y 7.456 millones de dólares para las no permanentes. El déficit entre ingresos y gastos será de 3.384 millones de dólares y la necesidad de financiamiento asciende a 6.665 millones de dólares.